El gobierno de Venustiano Carranza enfrentaba la problemática de que las compañías navieras nacionales vendían los barcos mercantes a empresas marítimas de Estados Unidos, afectando con ello el tráfico marítimo de las costas de nuestro país.

Los barcos salían de los puertos del país con bandera mexicana y, al llegar a aguas territoriales de Estados Unidos, cambiaban bandera y nombre para venderlos, burlando así la prohibición emitida por el gobierno. Para evitar esta situación, el presidente Carranza ordenó la confiscación inmediata de todos los barcos mercantes, asignando personal de la Secretaría de Guerra y Marina para ocupar dichas embarcaciones.

Tras esa medida, se anunció el 17 de enero de 1918 que no se iban a devolver los barcos incautados, a pesar de los rumores que circulaban en la prensa estadunidense acerca de que la empresa Ward Line había ofrecido ocho millones de pesos al gobierno mexicano como garantía para evitar su venta. De manera oficial se notificó que no se había recibido propuesta alguna.