Ampliación
de la participación social y movilización
de
recursos para la cultura
La
existencia del conaculta ha querido entrañar por sí
misma una declaración de principios de la política
cultural, la de que la acción del Estado en el ámbito
de la cultura no puede consistir ni en sustituir a los creadores,
generando la cultura; ni a la sociedad, detentando la creación
o un patrimonio cultural que no es de las instituciones sino
de toda la sociedad. Su función es simplemente crear
un fuerte enlace, ser un puente o un eslabón, entre
los creadores y la sociedad, entre el pasado y el futuro de
la comunidad nacional.
Por
eso, su campo de acción se define con lo que debe ser
unpreciso deslinde de la responsabilidad y las tareas de las
instituciones determinando, primero, en qué ámbitos
el Estado no puede delegar su responsabilidad; en cuáles
su intervención es innecesaria o incluso interfiere
con las iniciativas de la sociedad; y en cuáles la
colaboración entre el Estado y la sociedad no sólo
es conveniente sino indispensable.
Este
deslinde llevado a cabo con la operación del conaculta
ha permitido a México realizar grandes esfuerzos en
el campo del desarrollo cultural en los cuales tienen participación
todos los niveles de gobierno, el sector privado, la comunidad
cultural y la sociedad civil en su conjunto.
Esta
participación es creciente y se produce en todos los
campos de la vida cultural. La participación activa
en la preservación del patrimonio cultural, mediante
comisiones estatales y locales, programas de adopción
de obras artísticas y bienes culturales para su restauración
y conservación, fideicomisos para obras en zonas arqueológicas
y patronatos y asociaciones de amigos de los museos; en el
fomento a la creación artística mediante contribuciones
directas a los fondos existentes o fondos especiales que se
decida crear; en el patrocinio de exposiciones y actividades
artísticas; en la donación de colecciones, equipos
técnicos o fondos para instituciones culturales, es
un factor promovido sistemáticamente mediante una política
de incentivos fiscales y reconocimientos públicos a
empresas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales
y particulares en el país.
A
partir de 1995 se buscaría profundizar sistemáticamente
entodas las experiencias obtenidas y consolidar el papel del
Estado nocomo el ejecutor directo y prácticamente único
del fomento a la cultura que fue durante mucho tiempo, sino
esencialmente como promotor, organizador y facilitador de
la acción colectiva.
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